Editoriales
RUBÉN CÁRDENAS
mié 9 oct 2019, 7:15am 4 de 6

El Congreso local está obligado a evitar el despilfarro en el IEPC y TEE



La Raya del Tigre

Los miembros del Congreso local, es decir los 25 diputados, no pueden perder la oportunidad de reivindicarse con la ciudadanía, al frenar el derroche de recursos que realizan los institutos autónomos, principalmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, cuyos funcionarios perciben inmerecidos salarios, muy superiores a los de otros servidores públicos y ni se diga de los que gana el común de profesionistas de Durango, además de recibir otros millonarios recursos sin tener que transparentarlos, lo cual representa un agravio extra para la ciudadanía.

Ya no puede ser posible que, de acuerdo a cifras de la Plataforma Nacional de Transparencia, el presidente del Tribunal Electoral del Estado, Javier Mier Mier, reciba mensualmente -sea o no año electoral- un ofensivo salario de 149 mil 996.5 pesos, que significa una percepción neta de 111 mil 47 pesos, lo cual rebasa el tope establecido en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de Abril, que establece un salario máximo de 108 mil pesos mensuales a funcionarios.

Por su parte, los también magistrados integrantes del TEE, María Magdalena Alanís Herrera y Francisco Javier González Pérez, perciben al mes 109 mil 159.1 pesos, o sea, una cantidad neta de 80 mil pesos mensuales. El Tribunal Electoral Estatal ejerce en este 2019 un presupuesto de casi 36 millones de pesos, una cifra por arriba de la ejercida por el Sistema Local Anticorrupción a instancias como el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, cuya labor es mucho más loable.

En el caso del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el consejero presidente Juan Enrique Kato Rodríguez, junto con los consejeros José Omar Ortega Soria y Norma Beatriz Pulido Corral, tienen un salario bruto de 112 mil 500 pesos, unos 78 mil 500 pesos netos, también sea o no año electoral. Los otros cuatro consejeros acceden a la misma cantidad y les quedan 70 mil 500 pesos netos.

Además, según la última comparecencia del presidente consejero del IEPC ante el Congreso local, dejó constancia de que no es la única percepción que tienen, pues reciben bonos compensatorios por más de 3 millones de pesos, con uso discrecional. Y no sólo a nivel alto ganan estos sueldos dentro del IEPC; un intendente tiene un salario bruto de 12 mil 900 pesos, unos 10 mil 387 pesos mensuales netos, una cifra superior a la que percibe una buena parte de profesionistas recién egresados.

Según el diputado Esteban Villegas Villarreal, estos funcionarios electorales en Durango ganan más que el Presidente, más que el gobernador, más que los alcaldes y más que los diputados, por lo que debe corregirse esta tendencia ofensiva para el grueso de la sociedad.

Son los diputados integrantes del Congreso del Estado quienes están, pues, obligados a evitar este enorme despilfarro al erario, que tratan de justificar como una inversión necesaria para el logro de la democracia, lo cual es absolutamente falso, porque todo principio democrático emana de la buena conducción social, no de las instituciones u organismos responsables de organizar los procesos electorales. Los fraudes electorales del 2006 y 2012 a nivel nacional, así como el fraude electoral local en el 2010, reflejan que estas entidades no garantizan el respeto a la voluntad ciudadana, sino que en ocasiones representan vías para revertirla y aun tergiversarla, por paradójico que resulte.

AYER UN GRUPO de colonos, encabezados por el líder social José Ángel Mejorado Oláguez, llegó al Congreso local, con un equipo de música estridente, para suspender el inicio de la sesión ordinaria e impedir el tratamiento de los asuntos generales, así que se dio por terminado el trabajo parlamentario del día... DE PLANO, ESTE líder y sus correligionarios humillaron a los diputados en su propia casa. Primero los callaron a gritos, luego demandaron que se fueran y dieran por terminada la sesión, lo cual sucedió. Los miembros del Poder Legislativo deben encontrar mejores garantías para el desempeño de su trabajo y, en gran medida, lo lograrían con una eficiente operación política... NO ES ASUNTO menor que las cinco legisladoras federales de Durango, diputadas y una senadora, se opongan tenazmente al nombramiento de Manuel Espino Barrientos, quien ya tiene una semana esperando llegar a la "superdelegación" de Bienestar. "Ya se mosqueó" la incorporación del expanista, por donde se vea.

Twitter @rubencardenas10

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